¿Qué convierte una diferencia corporal en discapacidad?

“Fuera de servicio”, reza un cartel en la puerta del ascensor. Mal asunto. Para algunos será una molestia; para quien no puede usar las escaleras puede significar la cancelación completa del trayecto. Al pulsar el botón –por si el cartel estuviera allí por error–, una persona usuaria de silla de ruedas puede descubrir que el ascensor ha adquirido el “poder soberano” de decidir quién llega y quién no. De pronto, esta máquina ocupa un lugar predominante en la pregunta ¿qué entendemos por discapacidad?

Aceras, puertas, pavimentos, ascensores: anchuras, pendientes, pesos y superficies; accesos amables u hostiles, posibles o imposibles. Esa misma persona descubre que la alternativa consiste en subir varios escalones. La silla de ruedas, que no es más que una tecnología de movilidad, queda convertida por el entramado técnico en signo de inmovilidad y hace que la diferencia se torne discapacidad.

No estamos ante una carencia individual de autonomía, sino ante una autonomía distribuida entre cuerpos, técnicas y espacios. La persona sigue siendo la misma: la misma parálisis, la misma silla, el mismo proyecto. Solo ha cambiado la disponibilidad del mundo.

Escaleras que exluyen: cuando el espacio no es neutral

¿Dónde se encuentra, entonces, la negatividad que asociamos a esa diferencia llamada discapacidad? ¿En una médula seccionada, en necesitar una silla de ruedas y un ascensor o en un mundo tecnológico cuyos fallos perjudican más a quienes dependen de esas infraestructuras?

La condición corporal es real y puede producir limitaciones, dolor, cansancio o necesidad de apoyos; no tendría sentido disolverla en el lenguaje. Pero la carga negativa asociada a la discapacidad se produce, en buena medida, en los desajustes tecnológicos que habilitan o deshabilitan la participación. Así, la lesión es real, aunque no explica por sí sola la imposibilidad de llegar a la planta superior. Una resonancia magnética puede describirla con precisión, pero no dice nada sobre los escalones, las puertas estrechas, los ascensores rotos o los transportes inaccesibles.

En la gramática cotidiana, decimos que alguien “tiene una discapacidad”. Pero rara vez decimos que un edificio solo admite un modo de moverse o que la falta de previsión tecnológica produce exclusión. Rara vez decimos que lo que está en juego es un espacio discapacitante, no una persona discapacitada. Esa gramática esconde una ontología individualista: imagina a cada persona como una unidad cerrada, definida por sus capacidades y déficits, como si el mundo fuese un escenario neutral. La carga negativa se atribuye a la condición corporal y no al entramado tecnológico. Así, la negatividad no recae sobre el ascensor averiado, las puertas estrechas o el espacio inaccesible, sino sobre el individuo considerado incapaz o “dis capaz”.

¿De quién es la responsabilidad?

Esta inversión naturaliza tecnologías excluyentes y desplaza la discapacidad hacia el individuo, obligado a cargar con la responsabilidad: rehabilitación, adaptación y una gramática de la superación que eleva hasta el heroísmo a quienes logran transitar nuestra ecología discapacitante. El problema no está en la rehabilitación ni en los apoyos, sino en convertirlos en obligaciones individuales.

Por mucho que hayamos avanzado en accesibilidad, la frase “la persona discapacitada no puede acceder” nos resulta más natural que decir “el edificio impide el acceso y necesita ser adaptado”. También parece más natural decir que una persona usuaria de silla de ruedas no pudo subir debido a su discapacidad que pensar en una realidad tecnológica diseñada para un solo modo de ser. Es la persona quien recibe un diagnóstico, no las escaleras, las aceras y las puertas.

Todos usamos tecnologías mediadoras

Todos actuamos mediante técnicas e infraestructuras. Caminamos con zapatos sobre aceras, atravesamos puertas, escribimos con teclados. Dependemos de un entramado tecnológico cuyos apoyos, por estar normalizados, parecen naturales. La dependencia tecnológica es universal. Sin embargo, la vulnerabilidad ante sus fallos se distribuye desigualmente.

Así, podemos considerar tecnologías de la discapacidad a las que permiten a determinados cuerpos moverse, comunicarse o participar, y tecnologías discapacitantes a las infraestructuras que convierten una diferencia en exclusión, al admitir un repertorio estrecho de cuerpos y movimientos. Percibimos las primeras como signos de una dependencia excepcional porque su desajuste con las tecnologías naturalizadas las vuelve visibles. No hay un exceso individual de dependencia, sino un desajuste entre tecnologías normalizadas y otras no integradas en nuestra visión del mundo. La escalera tuvo arquitecto, presupuesto y licencia de obra; no es un accidente geológico. También es una tecnología de acceso, pero se vuelve discapacitante cuando se impone como única vía y carece de alternativa para otros modos de moverse.

Escuchar la voz de los afectados

Pensar esto desde la experiencia de la discapacidad exige reconocer que quien usa una silla de ruedas no es solo una persona objeto de diagnóstico o intervención a la que se ofrecen soluciones para paliar sus carencias. Su experiencia produce conocimiento situado sobre el mundo construido: conoce de primera mano el desajuste entre las tecnologías discapacitantes y las tecnologías de la discapacidad.

La experiencia propia no concede una autoridad absoluta, pero sí una autoridad situada que no puede ser sustituida por el diagnóstico técnico ni por la mirada externa. Es quien reconoce las pendientes de una rampa, el peso de una puerta, la anchura de un pasillo, la distancia entre un aula y un baño, y la diferencia entre los ascensores que funcionan y aquellos que cortan en seco un destino.

Dotar de autoridad a quienes viven esa diferencia es una forma de cuestionar la idea de que de podemos colocar un cartel de “fuera de servicio” sin que la avería suponga una responsabilidad añadida. Por eso, es necesario incorporar a quienes usan estas infraestructuras en su diseño, evaluación y mantenimiento, y tratar cada fallo sin alternativa como una interrupción del derecho de acceso. Quizá no sea necesario declarar culpable al ascensor, pero sí retirarle a las infraestructuras la misma coartada de que goza la naturaleza.

Joan Calvin Palomares no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.